Formosa, de 2014

Advierten sobre empresas que no garantizan la gratuidad del transporte a personas discapacitadas

ETOF

 El Ombudsman Provincial, señalo que no pueden existir ningún tipo de limitantes( en número como en tiempo) a ese derecho, porque de lo contrario no se cumple con la Asistencia Integral de la Discapacidad que es una política pública del país y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de vulnerarse las leyes Nº 24.314, y 25.635 y el Decreto 38/04 entre otros.

El Defensor del Pueblo, presento una denuncia ante la Dirección de Transporte de la Provincia de Formosa, para que proceda a intimar a todas las empresas de transporte terrestres de media y larga distancia que tocan plataforma en la ETOF, y que desde hace tiempo vienen incumpliendo con toda la normativa que ampara y garantiza, la gratuidad del transporte para las personas con discapacidad.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, aclaro que en el caso de las empresas “Flecha Bus” y “Nueva Godoy”, son las únicas que hacen lugar a las peticiones que por escrito y con el cumplimiento de todos los requisitos administrativos y legales, formula el Organismo de la Constitución, para la concesión de los pasajes a las personas con discapacidad tanto de capital como el interior provincial.

Agrego el funcionario, que todo este “trajinar inhumano” al que se somete a los discapacitados y a sus familiares, va en contra de la Política Publica de Asistencia Integral de la Discapacidad, que tiene actualmente la Argentina, y en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 4, inciso b), del Decreto 118 de febrero de 2006, reglamentario de las leyes números 24.314 y 25.635, sobre protección integral de las personas con discapacidad. Según estas leyes, las empresas de transporte de colectivo terrestre, deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre su domicilio y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social.

El inciso b) del artículo 4 del mencionado Decreto disponía que esa obligación de transporte se limitará a una plaza para discapacitado y una para su acompañante, si el servicio cuenta con hasta 54 asientos y de 2 plazas para discapacitados y su acompañante si la capacidad fuera mayor.

La Corte Suprema recordó, que según el art. 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo está habilitado, por medio de sus facultades de reglamentar las leyes, para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hubiesen sido expresadas por el legislador de una manera expresa, se ajusten al espíritu de la norma reglamentada o sirvan, razonablemente, a la finalidad que ésta persigue. Consideró también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y concluyó que las leyes en juego reconocen la prestación de transporte en términos amplios, y juzgó que las disposiciones restrictivas son irrazonables y no se ajustaban al espíritu y a la amplitud de criterio que había guiado al legislador, en su momento.

De manera tal que la Ley 25.635 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados- y el Decreto 38/04 permite que las personas que posean el Certificado de Discapacidad, puedan usar gratuitamente los servicios de transporte terrestre de corta, media y larga distancia.

Por último, sugirió a todos los interesados e involucrados en esta temática, que realicen con anticipación necesaria los pedidos correspondientes, mas en estas épocas del año y menciono que si bien el Decreto Nº 38/04, exige un plazo de petición anticipado mayor a 48 horas a la realización del servicio, estando obligada la transportista a entregar un comprobante de recibo de dicho pedido, indicando fecha y hora en que se lo formula, debemos fijarnos que conste también, la firma y aclaración del empleado que nos atiende, para posteriormente poder recibir el pasaje requerido.

En este punto, el Ombudsman Provincial, expresó que exigir este tipo de plazos a los discapacitados es absolutamente contrario a las normativas vigentes y también a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, puesto que con ello no se permite una atención y asistencia integral a los mismos.

En consecuencia, la Defensoría del Pueblo, de no mediar un cambio de conducta de las empresas de transporte a nivel local, concurrirá a la Comisión Nacional Reguladora del Transporte- CNRT-, Delegación Resistencia, Pcia del Chaco y también a su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se concreten las fiscalizaciones correspondientes y se apliquen fuertes multas a las firmas que le dan la espalda a las personas discapacitadas, canalizando asimismo, por ante quien corresponda, que se deje sin efecto el plazo de 48 horas exigido para solicitar pasajes a las empresas de transporte, adaptando nuestro sistema a una realidad que no obligue a cumplimentar con cargas discriminatorias a los discapacitados y de esta forma lograr la atención y asistencia integral a los mismos.

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